El Congreso aprobó recientemente la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que obligará a las empresas a revelar sus beneficiarios finales a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Si bien estas nuevas regulaciones no entrarán en vigor hasta 2022, la CTA cambiará drásticamente la forma en que las empresas privadas realizan sus negocios.
¿Cuáles son los requisitos bajo la CTA?
Esta nueva legislación exige que las empresas informen sobre las personas que posean el 25% o más de las participaciones sociales o actúen como agentes o representantes de la empresa. Se aplicarán requisitos de información adicionales para cualquier cambio en la propiedad de la empresa. La información que se debe informar incluye nombres, fecha de nacimiento, dirección y algún tipo de identificación, como el pasaporte.
Si bien esta ley cubrirá inequívocamente a las sociedades de responsabilidad limitada y las corporaciones, aún está por determinar si las sociedades colectivas y los fideicomisos también estarán sujetos a estas regulaciones. Las sociedades constituidas antes de la adopción de estos nuevos requisitos en 2022 tendrán un plazo más largo para presentar los informes iniciales que las sociedades constituidas después de la adopción de la ley.
¿Quién tendrá acceso a estos registros y qué pasa si no cumplo?
La información reportada estará a disposición del gobierno para fines policiales, de inteligencia y de seguridad nacional. Las instituciones financieras también podrán acceder a estos registros para fines de prevención del blanqueo de capitales.
Las empresas que incumplan la normativa estarán sujetas a importantes sanciones económicas y las que presenten informes falsos podrían enfrentar penas de prisión. La omisión deliberada de presentar estos informes también puede conllevar penas de prisión.
¿Cuál es el propósito del CTA?
El principal objetivo del Congreso al aprobar esta ley es combatir el lavado de dinero. El uso de empresas fantasma para la posesión de bienes inmuebles es una táctica común en los esquemas de lavado de dinero, por lo que exigir a las empresas que reporten a las personas que las poseen y controlan permitirá a las autoridades rastrear a las personas físicas detrás de una empresa fantasma.
Muchas personas han criticado la aprobación de la CTA, pero una legislación similar se ha popularizado en todo el mundo y ya se ha aprobado en Alemania y partes de Canadá. El Congreso temía que, si no actuaba con rapidez para aprobar esta legislación, Estados Unidos se convertiría en un refugio seguro para compradores anónimos de bienes raíces.
Si bien esta legislación es reciente, gran parte de la logística para reportar información a la FinCEN aún está por resolverse. Sin embargo, a medida que se acerca la adopción de las regulaciones de la CTA, se dispondrá de más información sobre quién debe reportar esta información y cómo.
