El ejercicio no autorizado de la abogacía es una forma de proteger al público contra los daños causados por personas sin licencia. En Florida, la Corte Suprema ha creado un programa específico llamado Ejercicio No Autorizado de la Abogacía (UPL).
¿Qué se consideraría un ejercicio no autorizado de la abogacía?
Ciertas actividades pueden considerarse UPL; sin embargo, esto depende de la legislación de su estado. Los siguientes son ejemplos de UPL; esta lista no es exhaustiva: (1) iniciar una relación abogado-cliente, (2) brindar asesoramiento legal, (3) firmar alegatos o documentos legales en nombre de un cliente, (4) llevar a cabo procedimientos legales en un tribunal, o (5) cobrar honorarios por servicios legales.
¿Cómo pueden los asistentes legales evitar realizar prácticas jurídicas no autorizadas?
Un asistente legal puede verse incurriendo en un ejercicio de la abogacía no autorizado simplemente por realizar tareas que parecen normales en la oficina. Cosas como (1) evaluar asuntos de clientes, (2) aceptar casos, (3) firmar contratos de retención o cartas de compromiso con clientes. Estas sencillas tareas cotidianas pueden hacer que un asistente legal incurra en un ejercicio de la abogacía no autorizado.
Otros ejemplos incluyen: (1) representar a clientes en tribunales, (2) tomar declaraciones y (3) firmar alegatos y mociones. Sin embargo, algunas agencias administrativas federales y estatales permiten el ejercicio de la abogacía sin la debida diligencia; entre ellas, se incluyen el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), la Administración del Seguro Social (SSA) y la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO).
Para evitar cometer un ejercicio no autorizado de la abogacía como asistente legal, se recomienda que: (1) verifiquen su estatus estatal con respecto a UPL, (2) pregunten a su asociación local de asistentes legales o (3) pregunten a su abogado supervisor.
Sin embargo, como norma general, los asistentes legales nunca deben: (1) establecer una relación abogado-cliente, (2) fijar honorarios legales, (3) dar opiniones o asesoramiento legal, (4) representar a clientes en el tribunal y/o (5) participar, alentar o contribuir a cualquier cosa que pueda considerarse una práctica no autorizada de la ley.
