Aunque los funcionarios corporativos suelen subestimar el grado de responsabilidad que podría recaer sobre ellos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, existen ciertas situaciones en las que un funcionario puede ser personalmente responsable por acciones que hagan que la corporación infrinja los derechos de propiedad de terceros. Un funcionario corporativo que actúa en el ejercicio de sus funciones generalmente está protegido de responsabilidad personal por la corporación, que protege el patrimonio personal de los funcionarios y directores de laudos y sentencias dictadas en su contra. Sin embargo, la responsabilidad personal contra funcionarios corporativos puede establecerse mediante el levantamiento del velo corporativo. Para ello, el demandante debe demostrar una serie de factores, incluyendo que la corporación fue utilizada con fines fraudulentos o ilegales, entre otros.
En caso de infracciones de marca registrada por parte de una corporación, un directivo corporativo puede ser personalmente responsable si fue una fuerza impulsora, activa y consciente detrás de la infracción. Si la parte demandante logra demostrarlo ante el tribunal, lo más probable es que el directivo corporativo sea personalmente responsable. También es importante señalar que las acciones de un directivo corporativo pueden hacerlo individualmente responsable de la infracción de marca registrada por parte de su corporación, independientemente de si sabía o no que sus acciones resultarían en una infracción. La parte que demanda al directivo corporativo solo necesita demostrar que tenía intereses legales en la marca registrada que estaban protegidos y que el uso de la misma por parte de la parte infractora probablemente confundirá a los consumidores sobre el origen del producto.
Además, en casos de posible infracción de marca entre dos clases de productos diferentes, podría determinarse responsabilidad si existe probabilidad de confusión entre las marcas. Por ejemplo, si una empresa que vende bicicletas utiliza el mismo nombre que una marca de patinetes ya existente, la empresa de bicicletas sería responsable si el tribunal determina que existe probabilidad de confusión. Esta determinación depende de una serie de pruebas.
Una de las pruebas implica la proximidad entre estos productos para evaluar la probabilidad de confusión. Los dos elementos considerados para la probabilidad de confusión son: (1) la "proximidad al mercado", que consiste en indagar sobre la relación entre ambos productos y sus respectivas áreas de comercio; y (2) la "proximidad geográfica", que requiere examinar la separación geográfica de los productos. Además, para determinar la proximidad de los productos, el tribunal considerará el tipo de clientela a la que se venden los productos, la forma en que se anuncian y los canales a través de los cuales se venden. En demandas en las que se ha constatado una gran proximidad entre los productos, los directivos corporativos han sido considerados personalmente responsables de las sentencias.
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