Los riesgos que conlleva la clasificación errónea de trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados son graves. Las agencias federales y estatales tienen la autoridad para imponer sanciones monetarias y no monetarias a los empleadores que clasifiquen erróneamente a sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores siguen sujetos a responsabilidad civil con respecto a las reclamaciones de sus trabajadores, así como a posible responsabilidad penal.